¿Puede un extranjero comprar un inmueble en México?

Un extranjero puede adquirir un inmueble en el territorio nacional, sin embargo, existen algunas consideraciones que debes conocer como resultado de la llamada Cláusula Calvo:

Todo extranjero deberá celebrar un convenio con el gobierno federal, particularmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder comprar un inmueble. En este convenio la persona extranjera acuerda considerarse como mexicano respecto de dicha adquisición y no invocar la protección de su gobierno para resolver cualquier controversia relativa al inmueble, a riesgo de perder, si no cumpliera con lo acordado, los bienes o inversiones en beneficio de la nación.

No podrá adquirir inmuebles en parcelas o terrenos ejidales, ni en la zona restringida que corresponde a una franja de 100 km a lo largo de las fronteras y 50 km de ancho en las costas.

Esta última limitante es relevante, ya que México es un país con un gran número de kilómetros de costa y fronteras, por lo que el área restringida a los extranjeros ocupa prácticamente la mitad del territorio nacional.

Te preguntarás, entonces, cómo hay hoteles extranjeros en las playas mexicanas. De acuerdo con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, la Ley de Inversión Extranjera de 1993 matizó la prohibición que existe en el Artículo 27 de la Constitución, al abrirla a la inversión extranjera a través de ciertas figuras o sociedades, entre ellas el fideicomiso, las sociedades mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros y las sociedades con inversión extranjera, en este último caso, siempre y cuando, no sean residenciales.

El objetivo de esta reforma fue promover el crecimiento económico al hacer posible que empresas mexicanas con capital extranjero inviertan en estas zonas, básicamente para maquilas en la frontera y desarrollos turísticos en las playas.

A pesar de esta reforma, la prohibición para que extranjeros adquieran inmuebles habitacionales, ya sea como personas físicas o morales, en esas zonas persiste y su violación es sancionada con la pérdida a favor de la nación de los inmuebles adquiridos y una multa hasta por el importe de la inversión.

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